• Los procesos que afectan a la vivienda habitual de las familias aumentan un 8,4% frente a 2013
• El inicio de las ejecuciones no supone necesariamente el embargo o el desalojo

Tres de cada cinco hipotecas que fueron ejecutadas por la banca por impago en el segundo trimestre del año se concedieron en plena burbuja inmobiliaria, según los datos que ha publicado esta mañana el INE. La estadística refleja que el 60% de los procesos surge de créditos firmados entre 2004 y 2007, cuando el sector financiero flexibilizó los criterios para prestar dinero y se financiaba el 100% o más del valor del inmueble sin atender al riesgo implícito en estas operaciones. Si se suman las concedidas con anterioridad a 2003, periodo en el que el INE no discrimina por años pero en el que también hubo boom, ya que en España se empezó a construir con frenesí en 1996, el porcentaje aumenta al 69%.

En cualquier año, el peor año en lo que a cautela y previsión de riesgos de la banca se refiere fue, sin duda, 2007, ya que de este ejercicio surgen cerca del 22% de las ejecuciones lanzadas en el segundo trimestre. Frente a todas las hipotecas firmadas en aquel año, el número de procesos apenas supone el 0,33% del total, aunque el porcentaje se eleva con respecto al balance del primer trimestre.

Además, la estadística del INE confirma que los desahucios de familias de sus casas, uno de los síntomas más visibles de la crisis y de los abusos de la banca que dieron lugar a la misma, continuaron durante el segundo trimestre del año. Así y pese a la supuesta mejora económica o la vuelva a la creación de empleo, que es el principal factor que condiciona el hecho de que los hogares paguen su casa, las ejecuciones sobre vivienda habitual crecen un 8,4%, con 9.611 expedientes. En el primer trimestre habían logrado bajar un 4,2%. El total de ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, donde se incluyen también las segundas residencias, aumenta un 6,7%, hasta las 12.367.

Tomando como referencia las viviendas familiares (18.331.400) existentes en España en el segundo trimestre de 2014, el 0,052% iniciaron una ejecución hipotecaria en el periodo de referencia, indica el INE. Por comunidades, detalle que solo ofrece la oficina de estadística y no aparece en los registros del Banco de España, la autonomía donde hubo más ejecuciones fue en Cataluña (3.994), Andalucía (3.981) y Comunitat Valenciana (3.342). Por el lado contrario, La Rioja (61), País Vasco (94) y Comunidad Foral de Navarra (118) fueron las que computaron menos procesos.

Con vistas al futuro, la recuperación económica tendría que notarse en los próximos meses con un descenso de las ejecuciones, ya que los impagos de deuda comienzan entre dos y cuatro trimestres antes de producirse la ejecución. En el otro lado de la balanza, en noviembre concluye la moratoria de dos años para defender a las familias más vulnerables, lo que podría condicionar al alza la estadística.

El INE recuerda, además, que "no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca". Esto es, que no todos los procesos concluyen en embargo o desahucio. La estadística del Banco de España o la que ofrecen periódicamente los registradores sí ofrecen datos concretos sobre desalojos y daciones en pago, aunque no hay datos actualizados del segundo trimestre.

Para evitar la medida extrema del desalojo, el Gobierno modificó la ley hipotecaria con el objetivo de fomentar las daciones en pago, aunque no de forma retroactiva, tal y como le reclamaba la Iniciativa Legislativa Popular que motivó al Ejecutivo para modificar la ley. A este respecto y tal y como anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en agosto, el Gobierno se plantea alargar la moratoria para defender "a los deudores hipotecarios de buena fe en situación de insolvencia sobrevenida". Sin embargo, los colectivos que se pueden beneficiar de la medida son muy específicos: familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con un hijo menor de tres años, personas con discapacidad o las víctimas de violencia de género, además de con pocos ingresos.